El director general de Trabajo, José Luis Villar, aseguró que el Gobierno está estudiando obligar a las empresas a incluir en sus Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) planes de recolocación. Esta propuesta estaría siendo discutida en el Diálogo Social, donde desde el Ejecutivo ya se había adelantado que se quería estudiar el papel de las empresas de recolocación en los ERE.
La medida iba a acompañar inicialmente al paquete de incentivos para el empleo aprobado hace dos semanas, pero se aplazó para negociarla con los agentes sociales.
En la actualidad, organizaciones ligadas a sindicatos o fundaciones prestan servicios de recolocación gratuitos, pero se ha especulado con la posibilidad de que fueran las Empresas de Trabajo Temporal las que intermedien.
Esta posibilidad ya se barajó cuando se lanzó el plan extraordinario de recolocación de empleo en febrero. El punto fuerte del plan era la contratación por parte de las comunidades autónomas de 1.500 orientadores y se asumía que las CCAA podían echar mano de entidades privadas para agilizar el proceso.
Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de ámbito estatal se han disparado en la primera quincena de noviembre un 163%, al pasar de 51 solicitudes en 2007 a 136 en 2008. No obstante, y aunque cada día se conocen decenas de nuevos ajustes colectivos, sólo el 10% de los 2,8 millones de parados proceden de ERE, según explicó ayer el director general de Trabajo, José Luis Villar, en una jornada sobre ‘Reestructuración de plantillas en el nuevo entorno económico’, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Mercer y Creade.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue interrogado en el Congreso por el número de desempleados de la construcción que había logrado recolocar este plan, a lo que contestó: “Entre los meses de abril y octubre de 2008, se han contratado 127.197 parados procedentes de la construcción en actividades económicas de diferentes sectores”. Es difícil atribuir al plan estas recolocaciones ya que se publicó en el BOE en julio y las autonomías no comenzaron a ejecutarlo hasta bien entrado septiembre.
Por otra parte, la patronal inmobiliaria asegura que habrá al menos medio millón de parados en la construcción este año.

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